Roberto Rosario critica proyecto de ley por ser un peligro para identidad nacional
Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral, sostuvo que “el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes”; en la forma en que fue remitido por el Poder Ejecutivo, constituye un peligro para la identidad dominicana.
El también miembro de la Dirección Política del partido la Fuerza del Pueblo consideró que la referida iniciativa sería un incentivo a nacionales de otros países y organismos internacionales adversos a la nacionalidad, para legitimar la presencia de ilegales en territorio nacional, y al mismo tiempo facilitar la excusa legal a potenciales inmigrantes sin la documentación requerida.
Desde su óptica el mencionado proyecto, es un como un caso típico electorero, que persigue congraciarse con gobiernos y organizaciones no gubernamentales, que auspician y presionan para que República Dominicana ofrezca facilidades de migración masiva a nacionales del país vecino; desconociendo la Constitución y las leyes que rigen los derechos y requisitos para un ciudadano extranjero residir en territorio nacional.
Dijo que el objeto de la ley, establecido en el artículo 13 del “Proyecto”, se refiere a la persecución de actos delictivos contemplados y penalizados en otras legislaciones nacionales; como lo reconoce el mismo proyecto en el Párrafo del artículo 14, mientras que de manera amplia plantea el albergue y el amparo a quienes se declaren víctimas “cualquier otra forma de explotación”.
“Incluso, en los artículos 39 y siguientes, se incluyen, o repiten disposiciones de otras legislaciones, de manera especial ilícitos ventilados en la Ley 136-03, que establece el “Código para el Sistema de Protección y los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes”; dijo el dirigente de la Fuerza del Pueblo.
Refirió que la mayoría de las 18 “medidas de protección y atención”, establecidas en el artículo 63 del citado proyecto, han sido establecidas por el Constituyente y por el legislador para los dominicanos y dominicanas; a los cuales no les son aplicadas de manera proporcional a la magnitud de sus calamidades.
Citó de manera especial la medida marcada con el número 8 del referido artículo 63, consistente en “proporcionar alojamiento en un albergue seguro especializado para víctimas de trata de personas, y tomando en consideración su identidad de género, orientación sexual diversa, edad y sexo”.
Se preguntó ¿cuántas casas de albergue existen para mujeres, niños, niñas y adolescentes víctima de violencia intrafamiliar o doméstica ha construido la presente administración?, como lo manda la Ley 88-03, del 15 de mayo de 2003. Se preguntó además ¿cómo pretende el gobierno garantizar la seguridad de las víctimas establecidas en el proyecto de ley, “si en los casi tres años que lleva al frente del Estado, se ha multiplicado la inseguridad ciudadana, incluyendo la relativa la violencia contra la mujer?
Expuso que esta generalización toma estructura en el artículo 37, donde se explicitan 17 delitos, algunos de ellos de amplia presencia y conocimiento en países latinoamericanos; “cuyas víctimas, reales o fabricadas por especialistas en esos menesteres”, podrían utilizar como argumento para “legalizar” su permanencia en el país, en algunos casos, y en otros ingresar.
“Para ponerla la tapa al pomo”, como dice la sabiduría popular, el Gobierno pretende, con el actual proyecto de ley, obligar a todos los dominicanos a pagar “una contribución especial”, que podría ser hasta de 78 mil pesos; establecido en el artículo 34 del funesto proyecto, dijo Roberto Rosario Márquez.
“Con la ineptitud mostrada por el Gobierno de Luis Abinader para hacer cumplir otras leyes, esta penalización económica a todos los dominicanos, en detrimento de los ya muy desvalorizados recursos, puede muy bien interpretarse como una forma de recaudación”.
Según Roberto Rosario Márquez, de este proyecto ser convertido en ley, lo único seguro a ser cumplido sería el castigo económico “a todos los dominicanos”, y lesiones a nuestra identidad que “podrían ser irreparables”.
“Es más, podemos asegurar que si se aprueba esa ley y no se detiene en los tribunales por sus pretensiones anticonstitucionales, se multiplicarán en proporciones geométricas las calamidades que padece el pueblo dominicano, muchas por la nefasta administración actual”, concluyó.
